La emigración masiva de África

Hendrik Vaneeckhaute
octubre 2005

Los miles de inmigrantes, sobre todo subsaharianos, que se presentan en la frontera sur de Europa, han puesto de nuevo sobre la mesa el problema de la emigración. Y como siempre cuando se trata de la política internacional, la Unión Europea y sus miembros reaccionan desde una posición de prepotencia y racista, negando su responsabilidad directa en la situación actual mundial. De entrada, el llamado problema de inmigración (legal o ilegal), en realidad es un problema de emigración y éste es consecuencia del desplazamiento forzoso que sufren millones de personas en el mundo. Ninguna de las personas que viajan miles de kilómetros, arriesgan su vida e intentan de forma desesperada saltar el muro de la fortaleza europea, lo hace por voluntad propia o por elección libre. Los seres humanos –y menos los africanos– no son seres que tienen tendencia a suicidarse masivamente.

La emigración masiva desde los países africanos, sumergidos desde hace siglos en un proceso de empobrecimiento, se puede considerar como una violación de los derechos humanos básicos. Y esta violación es consecuencia directa de las políticas internacionales impuestas por los países de Europa Occidental y EEUU. Tras siglos de explotación y saqueo brutal, siguieron años de represión sanguinaria para impedir la descolonización. Cuando finalmente lograron cierto grado de independencia se impusieron las dictaduras y gobiernos marionetas para seguir con la política económica el servicio de ‘Occidente’. Desde los años ochenta o noventa, los gobiernos del ‘Sur’, ya formalmente democráticos, están bajo los auspicios de las instituciones financieras internacionales. Las consecuencias son desastrosas. A más influencia e intervención de Occidente, peor es la situación: África subsahariana es la región del mundo dónde más programas de ‘Reajuste’ se han impuesto y dónde más ha crecido la pobreza y la desigualdad.

El ‘Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales’, dice en su artículo 1: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.” Y “para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libre­mente de sus riquezas y recursos naturales (…) En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.” ¿A qué gobierno en este mundo le está permitido, impunemente, establecer su propia política económica? ¿Qué consecuencias han sufridos aquellos estados que nacionalizaron por ejemplo su petróleo al independizarse? Desde Indonesia, pasando por Irán, hasta Brasil, todos han sufrido golpes de estado, apoyados y/u organizados desde ‘Occidente’ tras el establecimiento de medidas económicas encaminadas al desarrollo propio (por ejemplo a través de la nacionalización de la explotación del petróleo).

El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.” ¿Cuántos productos que compramos a diario son fabricados cumpliendo este derecho humano? ¿Por qué las empresas pueden violar libremente los derechos humanos? ¿Por qué la Unión Europea, tan preocupada por el respeto de los derechos humanos, dicen, no hace nada para que se respeten los derechos humanos de la mayoría de la población mundial?

La respuesta a todas estas preguntas, en realidad es sencilla: sin la pobreza, la explotación y la miseria, no habrían ganancias millonarias para las empresas de siempre. Además, si la mayoría de la población mundial tuviera un nivel de vida europeo, no habría vida humana posible por razones de agotamiento instantáneo de los recursos naturales y por las consecuencias de la contaminación multiplicada.

También son varios los informes de Naciones Unidas en los cuales, en términos diplomáticos, se deja claro que la política neoliberal es un desastre para los países empobrecidos y causa de su no-desarrollo.

- El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que ejerce la función de supervisión de dicho pacto señaló “el impacto negativo de los Programas de Ajuste Estructural en la pobreza, el empleo y la distribución de los ingresos, así como en la disponi­bilidad de servicios sociales”.

- La Comisión de Derechos Humanos (resolución 2000/82) destacó que “las políticas de ajuste estructural tienen graves repercusio­nes para la capacidad de los países en desarrollo de atenerse a la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y de formular políticas nacionales de desarrollo encaminadas a mejorar los derechos eco­nómicos, sociales y culturales de sus ciudadanos.”

- En el mismo informe de NNUU también afirma que “la deuda externa constituye uno de los obstáculos principales que impi­den que los países en desarrollo disfruten efectivamente de su derecho al desarrollo”.

- El experto independiente Sr. Fantu Cheru, en su Informe ‘Efectos de las políticas de ajuste estructural en el goce efectivo de los derechos humanos’ (1999) dice: “Los derechos económicos, sociales y culturales de millones de personas pobres del Tercer Mundo se han visto vulnerados sistemáticamente como resultado de las políticas neo­liberales de ajuste destinadas a asegurar el servicio de esta deuda por los países desposeídos”.

¿Qué significan estas frases tan diplomáticamente formuladas? ¿No signifi­can que las políticas de las instituciones internacionales son la causa de que los países ‘pobres’, sigan pobres, de que los países ‘en desarrollo’, sigan en lo mismo y de que los países ‘endeudados’, sigan endeudados? Y eso, ¿no significa otra cosa que millones de muertos cada año por la mise­ria y la falta de servicios básicos como el agua potable, hubieran podido ser evitados? Los tratados que tipifican los crímenes de Lesa Humanidad, hablan claramente de que todos estos crímenes pueden ser cometidos en tiempos de guerra, o de paz.

- El desplazamiento forzoso, reflejado en los millones de campesinos que se ven forzados a dejar el campo para intentar esca­par de la miseria, es un crimen de Lesa Humanidad.

- La esclavitud, reflejada en los millones de trabajadores, mujeres, hombres, niñas y niños que ganan sueldos de miseria, es un crimen de Lesa Humanidad.

- La tortura del hambre que sufren millones de personas en el mundo cada día como consecuencia de una política económica internacional, es un crimen de Lesa Humanidad. [Por ejemplo la Política Agraria Común, PAC, es responsable directa de que millones de campesinos en África no puedan vender sus productos en los mercados locales porque están ‘inundados’ de productos europeos altamente subvencionados, vendidos por debajo de su coste de producción.]

- El asesinato generalizado, reflejado en la muerte de 30.000 niños diariamente por causas perfectamente evitables, es un crimen de Lesa Humanidad.

Las políticas económicas europeas son un desastre para la supervivencia de la vida humana en el Planeta. La principal herramienta de destrucción de vida humana siempre ha sido el ejército, al servicio de los llamados ‘intereses’ nacionales que no son otra cosa que el asegurar los beneficios financieros de una minoría pequeña. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio”. Una de las tareas principales del ejército en Europa es justamente impedir que los africanos puedan salir de sus países hacia el ‘Norte’. Al principio del siglo 20, el ejército disparaba contra los huelguistas que exigían derechos laborales y sociales básicos. Al principio del siglo 21 ‘disparan’ contra los inmigrantes que en el fondo reclaman los mismos derechos básicos. Igual que entonces, desestabilizar el orden establecido era considerado como un acto terrorista. Pero igual que entonces, el único camino para lograr la justicia, es esa desestabilización del actual orden mundial que justifica la guerra contra los pobres para ‘defender’ los intereses de una pequeña minoría.